“¡Maldita sea, claro que sí!”
El ex presidente de Estados UnidosGeorge W. Bush respondió así al director de la CIA cuando le pidió permiso para utilizar “técnicas de interrogatorio mejoradas” con un detenido, que después fue sometido en 180 ocasiones a “water-boarding” o simulacro de ahogamiento.
El ex presidente de Estados UnidosGeorge W. Bush respondió así al director de la CIA cuando le pidió permiso para utilizar “técnicas de interrogatorio mejoradas” con un detenido, que después fue sometido en 180 ocasiones a “water-boarding” o simulacro de ahogamiento.
El “Waterboarding” es considerado por Estados Unidos una de las técnicas mejoradas de interrogatorio
Bush ha reconocido sin reparos en sus memorias y en televisión que él personalmente autorizó ésta y otras técnicas que claramente constituyentortura. Otros altos cargos de su gobierno también han reconocido su implicación.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos argumentó que la amenaza que representaba el terrorismo era de tal magnitud que las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de derechos humanos no eran aplicables en un amplio conjunto de situaciones.
La CIA ha confirmado que al menos 98 de los llamados detenidos de “alto valor” fueron recluidos en su programa de detenciones secretas entre 2002 y 2007. Todos ellos fueron víctimas de detención ilegal prolongada sin cargos ni juicio, desaparición forzada y tortura. Al margen del programa de la CIA, otros muchos detenidos fueron sometidos a un trato similar en lugares como Afganistán y Guantánamo.
Poco después de tomar posesión del cargo en 2009, el presidente Barack Obama manifestó que no admitiría el uso de la tortura y otros malos tratos. Sin embargo, hasta ahora siguen impunes los actos de tortura cometidos en el pasado, a pesar de que tanto él como el Fiscal General del Estado,Eric Holder, han afirmado que técnicas de interrogatorio como el “water boarding” son tortura.
La actual administración está obligada bajo el derecho internacional a investigar todos los casos en los que haya sospecha de desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y llevar a los responsables ante la justicia.
Aunque algunos jueces, abogados y fiscales han hallado pruebas o han tenido conocimiento de indicios de violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, hasta ahora no ha habido investigaciones en profundidad.
El gobierno de Estados Unidos debe rendir cuentas. Las acciones emprendidas por el Fiscal General, Eric Holder, han sido mínimas. Pídele que cumpla con sus obligaciones como responsable último en el Departamento de Justicia. Las víctimas y sus familias tienen derecho a verdad, justicia y reparación.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos argumentó que la amenaza que representaba el terrorismo era de tal magnitud que las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de derechos humanos no eran aplicables en un amplio conjunto de situaciones.
La CIA ha confirmado que al menos 98 de los llamados detenidos de “alto valor” fueron recluidos en su programa de detenciones secretas entre 2002 y 2007. Todos ellos fueron víctimas de detención ilegal prolongada sin cargos ni juicio, desaparición forzada y tortura. Al margen del programa de la CIA, otros muchos detenidos fueron sometidos a un trato similar en lugares como Afganistán y Guantánamo.
Poco después de tomar posesión del cargo en 2009, el presidente Barack Obama manifestó que no admitiría el uso de la tortura y otros malos tratos. Sin embargo, hasta ahora siguen impunes los actos de tortura cometidos en el pasado, a pesar de que tanto él como el Fiscal General del Estado,Eric Holder, han afirmado que técnicas de interrogatorio como el “water boarding” son tortura.
La actual administración está obligada bajo el derecho internacional a investigar todos los casos en los que haya sospecha de desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y llevar a los responsables ante la justicia.
Aunque algunos jueces, abogados y fiscales han hallado pruebas o han tenido conocimiento de indicios de violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, hasta ahora no ha habido investigaciones en profundidad.
El gobierno de Estados Unidos debe rendir cuentas. Las acciones emprendidas por el Fiscal General, Eric Holder, han sido mínimas. Pídele que cumpla con sus obligaciones como responsable último en el Departamento de Justicia. Las víctimas y sus familias tienen derecho a verdad, justicia y reparación.
Noticia extraída de Amnistía Internacional
Ángel Aparicio Cuello
