Educación prescinde de 60 T. Sociales de los centros escolares.

Alrededor de sesenta profesionales del trabajo social y de la educación social que prestaban servicio en centros educativos del Archipiélago han dejado de hacerlo desde este curso por decisión del Gobierno canario, y eso a pesar de que su labor ha recibido los elogios tanto de las familias como de la propia Administración. 

Las personas afectadas -23 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y unas cuarenta en la de Las Palmas- lamentan que la Consejería de Educación haya justificado la medida en las dificultades provocadas por la crisis económica cuando la irrupción de ésta puede provocar un aumento de los problemas sociales en el entorno de los centros, unos problemas que eran ellos, precisamente, los encargados de abordar.

Est@s profesionales desarrollaban su labor en los centros de atención preferente, en los que se trataba de dar respuesta a la diversidad del alumnado y de compensar desigualdades. Este programa ha desaparecido este curso en Canarias y ha sido sustituido por el PROA (Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo), promovido y cofinanciado por el Ministerio. Ha sido aprovechando este cambio cuando la Consejería de Educación ha decidido prescindir de est@s profesionales.

Entre las funciones que desarrollaban l@s trabajadores/-as y educadores/-as sociales figuraban facilitar el acercamiento entre la familia y la escuela, coordinar recursos con los servicios sociales municipales y prevenir el fracaso, el abandono y el absentismo escolar. A partir de ahora, según denuncian, deberán ser los jefes de estudios y el profesorado de los centros educativos quienes asuman esta tarea. Sin embargo, los afectados entienden que los docentes no tienen por qué contar con formación en el ámbito social y tampoco presentan el perfil profesional necesario ni tienen tiempo para encargarse de esta labor.

Est@s trabajadores/-as encuentran paradójico que la Administración educativa declare públicamente su intención de luchar contra el abandono y el fracaso escolar y recorte las medidas para ello. "Presumen de que ha bajado el absentismo entre el alumnado y hablan de abrir los centros a las familias, y esos son trabajos que hacíamos nosotros", afirman.

"Se ha dejado a los centros sin recursos para cubrir las necesidades y desigualdades sociales, algo que perjudica a toda la comunidad educativa, especialmente al alumnado y familias y pese a que la legislación de menores insta a las administraciones a dotarse de medios para fomentar la igualdad de oportunidades", recuerdan.

Este colectivo atribuye la situación que está viviendo al conflicto laboral que mantiene desde hace unos años con la Consejería de Educación a cuenta de la supuesta irregularidad de su contratación. De hecho, ya existe una sentencia judicial que ha obligado al Gobierno a incorporar a una de estas trabajadoras como personal laboral de la Consejería. "Tenemos la sensación de que se han equivocado en la forma de contratar y han aprovechado el cambio de los programas de centros de atención preferente (Procap) por el PROA para dejar de contar con nosotros", exponen.

En este sentido, los y las afectadas sospechan que el regreso a sus puestos de trabajo sólo se producirá cuando vayan resolviéndose los procesos judiciales que cada uno de ellos ha emprendido.

________________________________________________________________

En este momento de crisis económica, con el aumento de problemas sociales que esto conlleva,  es impensable que el Gobierno Canario intente reducir gastos sin tener en cuenta las necesidades de la ciudadanía.

El trabajo social desempeña un papel muy importante a la hora de cubrir dichas necesidades y por ello esas funciones debe de realizarlas una persona cualificada en el ámbito de lo social. Sin embargo con estos recortes se observa cómo profesionales de otros ámbitos tienen que desarrollar las funciones propias del trabajo social.

Entrada por: Patricia Lorente Gil.